Todos son enemigos del Estado

Ciudad de México.- Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México han sido afectados por un programa de espionaje adquirido por el Gobierno de México, de acuerdo con el diario The New York Times (NYT). “Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí”, dice NYT. Se trata del software conocido como Pegasus, el cual se “infiltra en los smartphones y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos y realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto”, según el reportaje del NYT publicado el lunes. Sin embargo, el programa sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. El fabricante del software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de droga. Pese a ello, de acuerdo con decenas de mensajes examinados por NYT, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido críticas al Gobierno, así como a sus familiares. “Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. Los intentos de hackeos fueron muy personalizados, se lee en NYT, “llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares”. En tanto, los periodistas víctimas de este programa fueron Carmen Aristegui y Carlos Loret. Apegado a derecho El Gobierno federal reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho, señala NYT. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario. De acuerdo con las leyes mexicanas, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunidades privadas y sólo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. “Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la Corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, (Cisen) una de las agencias gubernamentales que utiliza el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”, agregó. “Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”, dijo Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”. Condenan espionaje El espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos es injustificable, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La información publicada por el NYT, es de la mayor gravedad porque constituye obviamente una invasión en la privacidad de defensores de derechos humanos y periodistas”, sostuvo. “Un hecho de esta naturaleza es especialmente grave porque no es posible justificarlo. Con una orden judicial se puede, en cualquier parte del mundo, autorizar la intervención de las comunicaciones de alguien que esté sujeto a una investigación penal, siempre con la autorización de un juez. Acá estamos ante una situación absolutamente irregular y que ojalá se logre esclarecer a la brevedad posible”. De probarse que el Gobierno mexicano es responsable del espionaje, dijo, constituiría un grave abuso contra quienes defienden derechos fundamentales. Piden aclarar La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, exigió del presidente Enrique Peña Nieto que informe del espionaje a periodistas y activistas anticorrupción. “Con preocupación exigimos al Gobierno de Peña Nieto que informa sobre las actividades de espionaje que ha realizado la Secretaría de Gobernación, el Cisen, la PGR y la Sedena en contra de periodistas”, planteó a través de un comunicado. La legisladora exigió además que explique cuál es el fundamento jurídico que justifica el espionaje a periodistas y aclare por qué sí hay presupuesto para espiar a periodistas y no para el Mecanismo de Protección de los informadores. Lo niega Presidencia El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. En un texto dirigido al diario NYT, la Administración federal condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad. “No hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, señala el escrito. “Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho”, indicó la Presidencia. Exigen investigación independiente Periodistas, repersentantes de organismos y activistas exigieron a las autoridades federales una investigación independiente sobre el espionaje que sufrieron mediante el programa Pegasus. Luego que se difundiera un informe en el que se documenta que en total los celulares de 16 personas fueron infectados con el malware, las víctimas presentaron una denuncia ante la PGR. También pidieron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que se legislen reformas para generar más controles ante las herramientas de espionaje. “Estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento”, sentenciaron en un posicionamiento leído por los afectados. Indicaron que cada una de las víctimas a la invasión a la privacidad, recibió mensajes de texto amenazantes cuando se abordaban temas “incómodos” para el Gobierno federal. “No queremos guaruras, la mejor medida es la no impunidad y la investigación y la sanción”, señaló Mario Patrón, del Centro Prodh. La periodista Carmen Aristegui resaltó que para esa operación, ilegal por no contar con orden de un juez, el Gobierno usó recursos públicos. Denuncian ante PGR Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) los casos de espionaje gubernamental y exigieron una investigación amplia e independiente. Pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares y reformas legales para generar más controles gubernamentales de herramientas de espionaje. “Estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento”, sentenciaron en un posicionamiento leído por Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. “Exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware”, agregó. “El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas”, continuó Ruelas. Con los nuevos casos, la organización canadiense CitizenLab documentó en total 88 casos de intento de espionaje en México y un representante de la organización internacional aseguró que este es el caso más claro que tienen de espionaje gubernamental.