Por Grupo Zócalo
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha anunciado que un tribunal federal ha negado de manera definitiva el amparo solicitado por Genaro García Luna para la liberación de sus cuentas, luego de que la UIF demostrara que fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas debido a una solicitud de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
En un comunicado, la UIF ha informado que desde el 11 de mayo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito rechazó el amparo presentado por el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno panista de Felipe Calderón, después de confirmarse que sus activos financieros fueron congelados por una solicitud internacional.
Sin embargo, se reveló en febrero que Genaro García Luna solo tiene 21 mil pesos en sus cuentas bancarias mexicanas, aunque se le acusa de haber transferido a Estados Unidos la gran parte de los 745 millones de dólares que obtuvo mediante contratos gubernamentales durante los últimos sexenios panistas y priistas, para adquirir numerosas propiedades, principalmente en Florida.
La UIF ha recordado que desde 2020, García Luna ha presentado un amparo en contra de la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, buscando evitar cualquier movimiento en el sistema financiero mexicano.
Desde el 16 de mayo de 2022, un juez de distrito confirmó que había sido incluido en dicha lista a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pero García Luna presentó un recurso en contra de esta determinación.
El ex secretario de Seguridad Pública, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, argumentó que no se respetaron sus garantías de debido proceso al tomar esta decisión, pero su petición fue rechazada y la negativa fue confirmada de manera definitiva.
En los últimos meses, se ha ordenado la liberación de varias cuentas bancarias vinculadas a la red de García Luna, incluyendo las de su esposa Linda Cristina Pereyra. Hasta la fecha, la UIF mantiene retenidos cuatro millones de pesos provenientes de las numerosas empresas y personas relacionadas con las investigaciones en su contra.