Ciudad de México.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá permanecer en prisión hasta el cumplimiento total de su sentencia, prevista para el 15 de abril de 2026, luego de que este viernes la jueza Ángela Zamorano Herrera le negó la solicitud de libertad anticipada.
La batalla legal continúa, pues la defensa ya prepara una apelación, mientras que el riesgo latente para que el expriista es que la Fiscalía General de la República (FGR) intente imputarle un nuevo delito, una estrategia que, según su abogado, buscaría mantenerlo en prisión.
Fiscalía podría imputar delito de peculado a Javier Duarte
Fiscalía podría imputar delito de peculado a Javier Duarte Pablo Campuzano, abogado de Duarte, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula que no descartan la posibilidad de que se intente imputar un delito más a su cliente, mencionando específicamente peculado, o que se resuelvan los procesos que ya tiene abiertos.
No obstante, Campuzano subrayó que cualquier intento por imputar un nuevo delito requeriría la “autorización expresa de Guatemala”, país que concedió la extradición bajo el principio de especialidad por los delitos originales (asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita).
Cuestionamientos al fallo judicial
El abogado de Duarte reconoció que el escenario de una negativa era “viable”, pues “donde se puede interpretar algo, los jueces han resuelto en contra históricamente”.
La defensa argumenta que la jueza no consideró suficientes las pruebas que acreditaron el cumplimiento del plan de actividades carcelarias.
Sobre el tema de la desaparición forzada, el abogado enfatizó que no es la razón principal del fallo y que su cliente no ha sido incluido en esa acusación de forma directa.
Además, comentó que la posibilidad de revocar el sobreseimiento de un caso de entorpecimiento de la investigación de desaparición forzada es remota, pues dicho sobreseimiento se basó en la acreditación de actos de tortura reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos.
Una revocación de esta naturaleza, según Campuzano, enviaría un “mensaje muy peligroso” a nivel judicial y de derechos humanos.
A pesar de la resolución, Campuzano confirmó que presentarán una apelación, pues la defensa seguirá la batalla legal con el objetivo de lograr la libertad de Duarte lo antes posible, o al menos para el 15 de abril de 2026, fecha final de su sentencia.
Respecto al fallo del pasado viernes 21 de noviembre, la jueza determinó que, aunque Duarte acreditaba varios requisitos de la Ley de Ejecución Penal, no cumplió a cabalidad con un plan de actividades (recreativas, deportivas y culturales) y, fundamentalmente, tiene pendiente un proceso por desaparición forzada, un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
En la audiencia, el exgobernador sostuvo su postura, alegando haberse declarado culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero “por razones políticas”.
Con información de Político MX
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